El principal fundamento de Manuel Ponce y Carlos Tomasio, directivos de Business Track (BTR), para defenderse de las acusaciones de encabezar una red de espionaje telefónico ilegal es que no se les ha encontrado equipos de interceptación de teléfonos.
En efecto, las autoridades a cargo de las pesquisas hasta el momento no han incautado equipos de chuponeo en este caso, como los que se utilizaban en el desactivado Servicio de Inteligencia Nacional (SIN). Sólo se ha encontrado facturas de la adquisición de aparatos Triggerfish 4080, realizada en junio del 2000 por Tomasio en Estados Unidos, en supuesta representación de la Marina.
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